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Extremadura desestima la mitad de las solicitudes para cobrar la renta básica

Desde 2013 a la Junta han llegado 53.609 peticiones y sólo ha admitido (y está pagando) 26.374 de estas prestaciones

Extremadura es desde 2013 una de las comunidades autónomas que cuenta con una renta básica dirigida a asistir a personas sin ingresos y en riesgo de pobreza. La Junta concede esta prestación mensual a quienes cumplen una serie de requisitos, lo que hace que uno de cada dos solicitantes se quede sin ella.

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.

Sendas leyes de 2013 y 2014, aprobadas por PP, PSOE e IU en la Asamblea regional, regulan la Renta Básica Extremeña de Inserción, que tiene como objetivo “garantizar a quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión social la atención de sus necesidades económicas básicas y promover su integración social y laboral”.

Se puso en marcha durante la etapa del popular José Antonio Monago -que gobernó gracias a la abstención de Izquierda Unida- y ha continuado con el socialista Guillermo Fernández Vara.

El Confidencial Autonómico ha consultados los últimos datos disponibles de concesiones aprobadas por la Junta de Extremadura, desde que se aprobó la primera ley en 2013 hasta enero de 2017.

En estos casi cuatro años, el gobierno extremeño ha recibido 53.609 solicitudes para percibir la Renta Básica de Inserción: 21.846 fueron con la primera regulación de 2013, y 31.763 con la ley ya aprobada en 2014.

52.901 peticiones en casi cuatro años

Dejando a un lado las 486 solicitudes pendientes del informe social, la documentación y la valoración, en estos cuatro años se han resuelto 52.901 peticiones de extremeños que han solicitado cobrar esta renta para cubrir sus necesidades económicas básicas.

Pues bien: de esas peticiones, la Junta de Extremadura sólo ha concedido la mitad: son 26.374 las resoluciones favorables para que los ciudadanos peticionarios cobren la Renta Básica de Inserción, es decir, alrededor de la mitad.

La otra mitad de expedientes de solicitudes para recibir esta prestación social han sido rechazadas por la Junta. Fueron 3.403 los expedientes inadmitidos por extemporáneos, por acumulación de expedientes, por defunciones y por renuncias, a los que se suman las 22.161 solicitudes que terminaron con una negativa del gobierno extremeño, que resolvió los expedientes como “no favorables” o con desistimientos.

El porcentaje de concesiones ronda ahora el 50%, pero al menos ha subido desde marzo de 2015, cuando la Junta había rechazado dos de cada tres peticiones.

Son varios los requisitos que establece la normativa de Extremadura para poder cobrar esta renta básica: entre otros, “encontrarse en un estado de dificultad personal o social determinante de exclusión o riesgo de exclusión, que constituya una especial dificultad para su integración en el mercado laboral y sea considerado como tal por los servicios sociales competentes”; “carecer de los recursos económicos o patrimoniales suficientes para cubrir las necesidades básicas; no percibir algunas otras pensiones o prestaciones públicas; o rechazar un empleo o no solicitar las prestaciones por situación de paro.

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